Candidata a Alcaldesa, Rebeca Salinas denuncia presuntas irregularidades en la Corporación Municipal de Desarrollo Turístico, Cultural y Geo-Paleontológico de Caldera

A casi ocho años de su creación la Corporación Municipal de Desarrollo Turístico, Cultural y Geo-Paleontológico de Caldera (CTG), aún figura vigente, pese a que no posee movimientos y que el Concejo Municipal de Caldera aprobó su cierre, existiendo una serie de cuestionamientos e inquietudes que están en la mira del ojo público, la Contraloría Regional de Atacama y el Ministerio Público.

Consultada la Concejala y candidata a Alcaldesa por la comuna de Caldera, Rebeca Salinas Bernal, respecto al funcionamiento de esta Corporación señala que, “dicha Corporación solo estuvo activa un breve periodo de tiempo, nosotros como Concejo Municipal de ese entonces, traspasamos un subvención para el funcionamiento, sin embargo, se nos señaló que ésta debía cerrar, sin explicaciones concretas y fundadas. Esta concejala ha preguntado insistentemente por el funcionamiento, sus bienes inventariados, sus rendiciones de cuenta y el motivo por el cual no se cierra formalmente. Asimismo, hago presente la importancia de que los organismos competentes se pronuncien respecto de estas irregularidades, ya que dicha Corporación se creó y funcionó en su mayoría con recursos públicos y de privados, por lo que existe la necesidad ante la ciudadanía y sobre todo las organizaciones culturales y artísticas que ello se aclare. Mi rol como concejala en esa materia ha sido constante, he pedido información, fiscalización, auditorías, etc, inclusive realicé consultas a la Contraloría y esta semana hice una solicitud de ley de transparencia a dicho organismo, porque pasan los días meses y años y la comunidad no tiene ninguna explicación fundada respecto a lo sucedido. Además, tengo entendido que existiría una denuncia al Ministerio Público, lo que complejiza más la situación”.

A su vez, la candidata informa que, “analizando la información existente, se pudo observar el  Oficio N°203.593 del 12 de Abril de 2022, de Contraloría Regional de Atacama, en donde se desvelan delicadas irregularidades, especialmente con el mal manejo de los fondos públicos y supuestas duplicidad de rendiciones de cuenta, es de antigua data, de Abril de 2022 y en dicho documento señala (entre otras situaciones), que la Corporación de Cultura, Turismo y Geopaleontolgia de Caldera, habría utilizado los dineros transferido por instituciones privadas (empresas mineras, portuarias y similares) para rendir cuenta al municipio de Caldera por concepto de las subvenciones aprobadas por el H. Concejo Municipal».

«El ente contralor, acoge en ese punto lo denunciado, enfatizando que, en relación con la presentación de documentación correspondiente a gastos rendidos a la entidad edilicia cuyos recursos fueron descontados desde la cuenta corriente N° 14088240, utilizada para la recepción de fondos privados (duplicidad de rendiciones), la entidad comunal deberá efectuar un análisis de los gastos observados en el anexo N° 1, que aclare la fuente de financiamiento de los mismos, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente oficio, remitiendo los antecedentes al ministerio público y respecto a la eventual revocación de poderes y conflicto de interés, en virtud de que la Presidenta de la Corporación(Alcaldesa) actuó de conformidad a los poderes otorgados inicialmente y que posteriormente fueron modificados a través de la respectiva asamblea de directorio, se acoge parcialmente lo denunciado, toda vez que antes de la celebración de la asamblea de directorio sí existía un eventual conflicto de interés y que además, el ya mencionado estatuto no se ajustó a la normativa ni a la jurisprudencia de este Organismo de Control», agrega la candidata.

En este caso la candidata explica que,» la autoridad oficializa como juez y parte en el uso de los recursos transferidos desde el municipio, es por esta razón que sentenció que la autoridad comunal de Caldera – en su condición de presidenta de la CTG- deberá remitir la documentación de respaldo que acredite el retiro del respectivo vale vista por un monto de $2.543.204 y los antecedentes que respalden el reintegro y/o utilización de dichos recursos, según corresponda, en el plazo no superior de 30 días hábiles, contados desde la fecha de recepción del presente oficio. Como se puede advertir, existen diligencias que el Municipio de Caldera debió haber evacuado en los tiempos señalados por el oficio N°203.593 y por otra parte, la Contraloría debió haber evacuado su informe o resolución final del caso el cual aún no acontece y ya estamos por cumplir 3 años desde la acreditación de las irregularidades y no existe información sobre la resolución de las denuncias”.

“El Municipio internamente y a petición del Concejo Municipal también habría solicitado un informe de auditoría, el cual fue evacuado en marzo de 2023, haciendo presente en similares términos lo indicado por Contraloría, poniendo énfasis en regularizar esta situación, dada la gravedad de la materia”, agrega la candidata.

Por último y consultada a la concejala respecto a su visión respecto de las auditorías y las fiscalizaciones a las corporaciones y fundaciones, señala que, “dentro de mi experiencia en la administración pública de más de 15 años como servidora pública, considero que las auditorías y fiscalizaciones son esenciales para el control de la gestión que estos organismos, que realizan internamente como externamente en relación con terceros, de hecho las municipalidades son de acuerdo al artículo 1 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, corporaciones autónomas de derecho público, por lo que deben ser objeto de auditorías y fiscalizaciones permanentes, ya que al trabajar con recursos de la ciudadanía, implica ser eficientes y probos con el recurso, rindiendo cuenta permanente de ello, recalca que cuentas claras conservan la amistad con la comunidad. En este caso, existe una cuenta pendiente con la ciudadanía, porque existe una Corporación Municipal sin funcionar, vigente, con observaciones graves inclusive con consecuencias en lo penal, según el último informe de Contraloría, en los que surge la necesidad de aclarar, por el respeto hacia nuestros vecinos y vecinas”.

“Hago un llamado a la Contraloría Regional de Atacama, como al Ministerio Público para que den cuenta de las gestiones realizadas frente a esta situación de gravedad por el perjuicio público que implica y que queda en la incertidumbre de una comunidad que exige respeto y claridad en la gestión municipal”, sentenció la candidata.

Fuente:

INFORME CONTROL INTERNO, SEGUN ACTA DE ACUERDO 789 (2)

E203.593 sobre acceso a la informacion publica ctg

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