En una nueva audiencia de formalización de cargos por el presunto delito de cohecho, en contra del concejal Miguel Carvajal (PS) y otros implicados, en el bullido caso siglo verde. Generó un polémico vuelco, en donde, fue formalizado por el delito de cohecho agravado. De acuerdo con la formalización de cargos, el concejal habría recibido la suma de 2 millones de pesos.
La investigación quedó al descubierto el 15 de septiembre tras la denuncia de Carvajal, y que luego que personal de la PDI de Copiapó llegó hasta las viviendas de todos los concejales de la comuna para incautar sus celulares.
El concejal Miguel Carvajal señaló a El Diario de Atacama que “una persona cercana a mí, de mi círculo político que fue militante pero ahora no”, en donde, le ofreció a nombre de la empresa pagarle 5 millones a cambio que votará a favor de una licitación que extendería el contrato de la compañía para la mantención de áreas verdes.
“A los pocos días me vuelven a contactar, me entregan el dinero, yo sabía lo que tenía que hacer”. Fue así que el 14 de septiembre de 2023, efectuó la denuncia.
Según el Diario Atacama, ese tercero del cual haría alusión Carvajal, se trata del ex concejal de Copiapó Luis Orrego, quien fue formalizado en septiembre y está bajo arresto domiciliario. Las diligencias continuaron y la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantía una fecha para la formalización del concejal Carvajal por el delito de cohecho.
De acuerdo al Fiscal Luis Miranda en atacamanoticias.cl: «el imputado habría recibido un beneficio irregular para declarar desierta una licitación por la mantención de áreas verdes en el concejo municipal de Copiapó. La licitación fue declarada desierta, el concejal solicitó que se hiciera un trato directo con la empresa Siglo Verde “Servicios de mantención de las áreas de esparcimiento correspondientes a bienes nacionales de uso público y de administración municipal”.
Miranda comunicó que respecto del concejal se le investiga por la comisión del delito de cohecho agravado. “Es una figura penal vinculada con los funcionarios públicos que infringen deberes y a partir de ello solicitan u obtienen beneficios económicos irregulares. En la audiencia se comunicaron los argumentos probatorios asociados con evidencia tecnológica, cámaras de seguridad, comunicaciones por redes sociales, declaraciones y audios de la audiencia del Concejo Municipal. Siendo informado el Tribunal de estos medios de prueba”, dijo el fiscal Miranda.
Por este motivo el denunciante pasó a ser imputado y quedando con la medida cautelar de Arresto domiciliario total y arraigo nacional.
