A principios de año, nuestro representante legal, acudió a la Contraloría General de la República, para solicitar las sanciones pertinentes en contra de los funcionarios de la SEREMI de Gobierno de Atacama, implicados directamente en las irregularidades detectadas en los Fondos de Medios de Comunicación social, 2024.
Ante esto la entidad y de acuerdo a la resolución E32325/2025, acogió la denuncia en donde expone lo siguiente: “En primer término, respecto de lo requerido por la SEREMI verificados los antecedentes presentados y que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 17.1 sobre “término del proyecto de mutuo acuerdo” de las bases concursales no cabe sino entender por cumplido lo señalado en el oficio N° E581265, de 2024, de este origen, dado que el término anticipado se ejecutó con anterioridad a la emisión del señalado oficio”.
A su vez agrega que: “Sin perjuicio de lo anterior, corresponderá que esa repartición pública inicie un procedimiento disciplinario por la situación ya relatada, y remita la resolución de inicio a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General de la República en un plazo no superior a 20 días hábiles desde la recepción del presente oficio”.
Dentro lo expuesto, la Contraloría y bajo el liderazgo de Eduardo Véliz Guajardo, a pesar de las irregularidades detectadas, se negó en realizar una auditoría a los fondos de medios, acusando falta de recursos humanos y financieros: “Por otra parte, respecto de las solicitudes del recurrente, es necesario hacer presente que tal como lo ha reconocido la jurisprudencia administrativa señalada precedentemente, este Órgano de Control ejerce sus tareas de fiscalización conforme a planes y programas previamente elaborados, que abarcan las materias más relevantes en un estricto orden de prioridades, cuya preparación y desarrollo requiere de importantes recursos humanos, financieros y materiales que necesariamente deben ser aplicados con cuidadoso resguardo para asegurar una fiscalización eficiente y eficaz. En este sentido, dado que no se acompañan antecedentes, y sólo se limita a indicar requerimientos de antecedentes esta Sede de Control estimó no iniciar la auditoría requerida, sin perjuicio de que se remitirán los antecedentes a la Unidad de Planificación de esta Contraloría Regional a fin de que sirvan de insumos para eventuales fiscalizaciones a futuro”.
Ante esto nuestro representante legal se manifestó sorprendido ante la negativa de investigar a fondo si las irregularidades detectadas son errores administrativos o son de manera sistemática, lo cual conllevaría a un eventual delito y que debe ser investigado por el Ministerio Público.
“Este es un claro ejemplo que el actual Contralor presuntamente ha abandonado su labor de resguardar los recursos del Estado, permitiendo presuntamente la impunidad siendo que es evidente la irregularidad que hay en estos fondos. Esta actitud que él ha tenido, no solo en este caso sino en varios, queda en evidencia eventuales hechos que deben ser acogidos por Autoridades de más altura de la Contraloría. Apelaremos a esta decisión y por lo siguiente haremos la denuncia a nivel central con un reclamo directo a la Contralora Dorothy Pérez para que evalúe la continuidad del señor Eduardo Véliz Guajardo por su gestión”, sentenció el Representante del Medio.
Fuente: E32325-25
