Nuevamente, la administración del exalcalde de Copiapó, Marcos López Rivera (exPS), se encuentra en el ojo del huracán de la Contraloría General de la República (CGR), esto por un eventual conflicto de intereses en la Municipalidad de Copiapó.
De acuerdo a un informe de esta entidad, se constata que un proveedor de la campaña electoral de Marcos López fue contratado mediante trato directo por más de $7 millones de pesos, entre 2022 y 2024. Esto principalmente para actividades de servicios relacionadas con la impresión de material gráfico.
Según fastcheck.cl, el prestador de servicios participó en la campaña electoral de 2021, por lo que la autoridad debió abstenerse de intervenir en su contratación posterior.
De acuerdo al informe de Contraloría, el nombre del proveedor está tachado en el Informe Final N° 820/2024. Ante esto, el citado medio trianguló los indicios entregados por el organismo con documentación pública. De esta manera, este medio corroboró que Eduardo Inostroza Acosta es el referido en el documento. A su vez, detectó que la relación entre López y el proveedor se remonta a 2016, por lo que la cifra inicial es mayor a la consignada en el documento.
Por su parte, y según fastcheck.cl, mediante la rendición de gastos del Servicio Electoral (Servel), se constató que en la campaña a la reelección de López del 2021 aparece el proveedor «Eduardo Inostroza Acosta» prestando servicios por $8.103.900 pesos. Asimismo, se detectaron dos servicios adicionales por un total de $4.690.099 pesos que no fueron mencionados por la Contraloría, por lo cual Inostroza recibió $12.793.999 pesos como prestador de servicios en la campaña municipal de López.
Otro punto que destaca el citado medio es que, en diciembre de 2021, Eduardo Inostroza Acosta fue contratado vía trato directo por el municipio dirigido por López. La contratación fue ratificada mediante decreto alcaldicio por la suma de $1.178.100 pesos.
Reflejando una relación contractual entre Eduardo Inostroza Acosta y la Municipalidad de Copiapó, siendo que guardaba relación con la impresión de trípticos, dípticos, adhesivos y diversos materiales gráficos.
Además, Contraloría consigna que en junio de 2024, Marcos López habría autorizado un segundo pago al mismo proveedor por $5.831.000 pesos.
Ante estas irregularidades, la Contraloría advirtió un eventual conflicto de interés, debido a que «contraviene especialmente el principio de probidad participar de decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad». En donde, «debió aplicarse el principio de abstención de la autoridad, establecido en el artículo 12 de la Ley N°19.880».
