INDH Atacama ofició a autoridades por suspensión de clases en el Liceo El Palomar de Copiapó por diversas falencias que denuncian estudiantes

La sede del INDH concurrió al lugar y recopiló una serie de antecedentes entre los que están: deficiencias estructurales, denuncias por malos tratos a los estudiantes y el cuestionamiento al destino de fondos públicos.

La sede de Atacama del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) envió oficios a la Seremi y a la Superintendencia de Educación, así como al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) por la situación que afecta a los estudiantes del Liceo El Palomar de Copiapó. Así pide conocer las medidas implementadas por las autoridades ante una serie de falencias, que tienen actualmente movilizada a la comunidad escolar.

El pasado 3 de junio un equipo de la sede del INDH concurrió hasta el Liceo El Palomar. El establecimiento tiene una matrícula superior a 500 estudiantes y pertenece al SLEP de Atacama. Hay que recordar que en noviembre de 2023 la sede del INDH interpuso un recurso de protección por la situación de liceos y colegios de este SLEP cuyos problemas tenían suspendidas las clases. Este recurso fue acogido por la Corte de Copiapó en marzo de 2024.

En la situación actual en el Liceo El Palomar el INDH recopiló una serie de nuevos antecedentes, agrupados bajo tres conceptos: deficiencias estructurales, eventual mal uso de fondos públicos, y maltratos físicos y verbales de los que han sido víctimas los estudiantes.

Elementos detectados por INDH

Las deficiencias estructurales fueron evidenciadas a través de la presentación de fotografías de varias partes del establecimiento, las que permiten apreciar espacios de alto riesgo. Entre ellos, improvisados sitios destinados a bodegaje, puntos de electricidad sin aislamiento ni protección, alcantarillado sin su tapa, techumbre parcialmente cubierta o en mal estado.

En cuanto al mal uso de fondos públicos, la sede del INDH recopiló datos sobre una anunciada distribución de calzado que no habría llegado a los beneficiarios. También, una operación de venta de un ascensor cuyos ingresos se destinaron a un objetivo distinto del planificado.

El tercer elemento son eventuales maltratos físicos y verbales de académicos a estudiantes del recinto. En efecto, se denunciaron diversos episodios donde no se actuó según los protocolos de seguridad y convivencia escolar: malos tratos no sólo verbales, sino también físicos. Los denunciantes dicen que, si bien esta situación fue puesta en conocimiento de autoridades, se les comunicó que no existe una denuncia formal de los hechos.

Grupos de especial protección

La sede del INDH recuerda que los estudiantes pertenecen a un grupo de especial protección, dada su calidad de niños, niñas o adolescentes. Por ello se hace necesario que el Estado proporcione la debida protección, abriendo los procedimientos disciplinarios de impulso propio en caso que sea procedente.

Ante estas circunstancias, la sede del INDH pidió a la Seremi y la Superintendencia de Educación y también al SLEP que informe si tiene conocimiento de las situaciones expuestas, también conocer si se han iniciado procedimientos administrativos disciplinarios.

Además, pide conocer si los hechos vulneratorios fueron denunciados ante el Ministerio Público. Lo mismo aplica en lo que se refiere al destino diverso de los ingresos provenientes de la transacción por un ascensor. De la misma manera, solicita se informen también las medidas relacionadas al mejoramiento de la infraestructura que corresponde del SLEP en su calidad de administrador del establecimiento.

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