Chile podría perder su última industria nacional de gran importancia: El cabotaje

El abogado de Huasco y profesor de Derecho Marítimo,Renato Pezoa Huerta, presenta argumentos en contra del proyecto de ley que pretende aperturar el cabotaje marítimo a empresas navieras extranjeras.

Como un “desacierto catastrófico” califica Renato Pezoa Huerta, al proyecto de ley que durante el año 2021 ingresó al Congreso el expresidente Sebastián Piñera bajo Mensaje 156-369, que hoy cuenta con amplio respaldo para ser aprobado, y supondría una modificación a la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación en materia de cabotaje, que hoy sólo está reservado para buques que enarbolan bandera chilena.

El cabotaje -explica Pezoa- es el transporte marítimo, fluvial o lacustre de carga o pasajeros entre puntos dentro del territorio nacional, y sólo queda reservado a barcos que, al momento de ser registrados, enarbolan pabellón nacional. Por lo tanto, son naves que poseen bandera chilena, impidiendo que empresas navieras extranjeras puedan operar en Chile bajo esa modalidad. Por lo tanto, es una actividad económica estratégica, que no sólo tiene importancia desde el punto de vista comercial, sino también en adecuado resguardo de la soberanía nacional y del medio ambiente marino.

El proyecto de ley que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso Nacional, ha acogido amplio apoyo, y de ser aprobado, supondría gravísimas consecuencias para Chile -afirma el abogado-. Algunos de los efectos que provendrán de esta mala iniciativa, son principalmente, una alta tasa de cesantía en oficiales, tripulantes, portuarios, y otros trabajadores que hoy laboran en o con empresas navieras chilenas.  Tampoco la Inspección del Trabajo podrá realizar control o fiscalización sobre la situación de los trabajadores embarcados de empresas navieras extranjeras, por tratarse de contratos de trabajo que no rigen en Chile. Esto ha generado que la lucha a favor de preservar el cabotaje sea un esfuerzo transversal y mancomunado, que ha unido a empresarios navieros y sindicatos, alineados bajo una misma causa. Además, como nuestro país mantiene un control sobre los buques que llevan su bandera, no podrá hacer lo mismo con armadores extranjeros inexpertos que podrían fácilmente provocar horrendas postales en nuestras costas y litorales por desastres ecológicos, algo que también afectará la pesca artesanal e industrial nacional, y con ello poniendo en grave riesgo la salud de todos los chilenos. Con esto mismo, uno de los problemas más graves que se puede visualizar, es que la apertura del cabotaje será una excelente herramienta de proliferación, expansión y mejoras en la cadena logística del narcotráfico, tráfico de armas y el crimen organizado, ya que habrá un verdadero descontrol con las flotas extranjeras que abusarán del extenso espacio marítimo que baña nuestras costas. Además, con algunos colegas hemos arribado a la conclusión de que el proyecto de ley desconoce que los buques extranjeros que ingresen al cabotaje sigan sometidos a la legislación laboral y tributaria de su bandera de origen, lo que generaría una situación de discriminación que atenta contra la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

El actual texto de la Ley de Fomento a la Marina Mercante establece en su artículo 1º, que “la política naviera permanente de Chile es fomentar el desarrollo y favorecer la mantención de su Marina Mercante”. Sería aún más vergonzoso que Chile llegue a ser el primer país en dictar una ley que atente contra su propia soberanía y contra sus propios intereses marítimos, considerando que cerca de 95 países a lo largo y ancho del mundo, tales como Argentina, Estados Unidos, Corea, Japón, China, Cuba, Francia, Perú, Rusia, Canadá, entre otros, mantienen una reserva del cabotaje para barcos que posean sus respectivas banderas. Un país que alardea de poseer una economía seria no puede desprenderse sin justificación de una de sus industrias nacionales más estratégicas -afirma Pezoa-.

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