18-O y las demandas ciudadanas que siguen pendientes frente a un sistema político que no escucha

Por. Enrique Soto Guerrero, periodista

Hoy es 18 de octubre de 2023, y hace exactamente 4 años Chile vivió un profundo estallido social que sacudió los cimientos de nuestra sociedad, acorraló a todo un sistema político inoperante e ineficaz y prácticamente descabezó a una clase gobernante que, durante 30 años, no supo atender las demandas del sujeto que habitaba el país.

Aunque ese análisis se los dejo a los expertos y a la propia historia que siempre encuentra el camino de la verdad. Yo trataré de darles cuenta cómo a 4 años de aquel proceso, las demandas ciudadanas siguen completamente vigentes, configurándose y robusteciendo un ethos que aún no encuentra su cauce.

¿Qué hemos conseguido al día de hoy? Un segundo proceso constitucional que no convence, al igual que el primero. Una clase política polarizada y desconectada de la gente. Inseguridad y deterioro de nuestros centros urbanos, con calles vacías y cortinas abajo. Populistas y demagogos repuntando en las encuestas. Una crisis migratoria sin precedentes, actos terroristas en la Araucanía y un Estado que hoy administra.

Es dolorosamente evidente que aquellas exigencias sociales que motivaron ese despertar colectivo siguen sin ser resueltas por el sistema político. A medida que el tiempo avanza, la sensación de desgano hacia el quehacer político persiste y se intensifica, la impotencia crece y los índices de desconfianza frente a la sensación de la inacción gubernamental no paran de subir. Estaremos en un punto sin retorno si las demandas no comienzan a tener respuesta.

El sistema educativo en Chile ha sido objeto de críticas férreas durante décadas debido a su falta de accesibilidad y calidad, sobre todo para las capas más empobrecidas de la sociedad. Si bien, se han realizado algunos avances importantes, como la gratuidad, la educación de calidad todavía no es una realidad para una inmensa parte de la población.

La educación pública se encuentra en un modo crítico. Nunca antes en la historia de Chile lo público había contado con tan pocos alumnos matriculados. Las precarias condiciones en los colegios, la violencia escolar en sus aulas, las reiteradas movilizaciones de sus comunidades educativas exigiendo ser escuchados y la golpeada carrera docente tienen asfixiados a ese cerca de 35% de niños y niñas que sostienen la educación pública.

El derecho a la salud es otro ámbito donde la ineficiencia persiste. A pesar de los esfuerzos por reformar el sistema de salud chileno, con la Ley de Copago Cero, Ley Ricarte Soto y creación del AUGE, todavía existen barreras de acceso a la atención médica de calidad para una gran parte de la población. Sobre todo en regiones como Atacama y en comunas como Tierra Amarilla. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto estas deficiencias y la necesidad urgente de mejorar el sistema de salud en Chile.

La demanda por mayor seguridad muchas veces se olvida, pero aquel 18-O la ciudadanía, asqueada de la delincuencia, exigió cambios profundos en la materia: barrios más seguros y el combate a las drogas eran consignas claras. Sin embargo, nada se ha materializado.

El incremento constante de delitos de alta connotación social exportados, como los homicidios por ajuste de cuentas, el sicariato y secuestro han generado un clima de inseguridad. La llegada de los carteles de droga al norte de Chile y a sus grandes urbes agrava aún más la situación. La falta de efectivas políticas públicas en la materia es un lastre que en la sociedad chilena seguimos cargando.

El anuncio de la Reforma de Pensiones por parte del Gobierno del Presidente Gabriel Boric fue una promesa que pretendía hacerse cargo de la paupérrima situación del sistema de seguridad social. Sin embargo, con frustración se ve que el ejecutivo congele su tramitación en el Congreso, posponiendo su discusión hasta diciembre Esta dilación es preocupante. El sistema de pensiones en Chile es insostenible y deja a millones de jubilados en la precariedad. La reforma es una demanda urgente y retrasarla solo aumenta la desconfianza en el sistema político.

Las principales demandas ciudadanas, expresadas el 18.O, no han sido resueltas por un Estado que ha demostrado ser ineficiente. Esta inacción está pavimentando el camino para el auge de los populismos y las extremas derechas que se presentan como alternativas posibles ante un sistema político percibido como catatónico. Las derechas, las izquierdas y el centro democrático deben ver esto con ojos de alerta y actuar ya.

El estallido social de 2019 fue un llamado de atención, un grito de la ciudadanía exigiendo un Chile más justo y equitativo. Cuatro años después, es imperativo que el sistema político responda de manera efectiva y oportuna a estas demandas. No hacerlo solo perpetúa la desigualdad, la inseguridad y la desconfianza en las instituciones democráticas, creando un terreno fértil para propuestas extremas que podrían poner en riesgo la estabilidad del país.

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