Contraloría General de la República dictó la legalidad del requerimiento presentado por parlamentarios de oposición en contra del convenio de colaboración policial entre Chile y Venezuela firmado en enero pasado.
Se trata de un documento suscrito en Caracas en enero pasado por el subsecretario Manuel Monsalve acompañado por el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri.
Lo que hizo Contraloría fue responder a una solicitud hecha por los diputados Gloria Naveillán Cristian Labbé y Cristhian Moreira, quienes solicitaron determinar la juridicidad y naturaleza del convenio.
Ante el requerimiento, el ente fiscalizador dictó: “Tras el análisis de los antecedentes, este organismo de control determinó que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP) sí está facultado, en su calidad de órgano de la Administración del Estado, para celebrar convenios interinstitucionales de carácter internacional con entidades extranjeras, que incidan en asuntos propios de su ámbito de competencia”.
“Ajustándose al artículo 35 de la ley N° 21.080, y teniendo en cuenta el recrudecimiento de la delincuencia organizada transnacional, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP) de Chile suscribió dicho acuerdo para promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia. Y, en ese contexto, pacta con su contraparte, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, la mutua colaboración, para facilitar el intercambio de la información necesaria para la investigación de delitos que son expresión de la criminalidad organizada”, añadió el comunicado.
El acuerdo, criticado transversalmente, apuntaba a mejorar la posición de Chile para combartir la crisis de seguridad interna, donde se apunta a la presencia de integrantes de la organización Tren de Aragua.
Fuente: www.24horas.cl
