Las diligencias del Ministerio Público por el llamado caso lío de dinero no cesan. En esta ocasión, según se conoció durante la mañana de este martes, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó a las oficinas de la Servicio Valparaíso para Incautar documentación referente a convenios firmados con las fundaciones ProCultura y Arquiduc.
Según informó la Fiscalía, se trató de un procedimiento solicitado por la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) y realizado por detectives especializados de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), y en medio del cual -entre varios elementos- Se plantearon antecedentes sobre el papel desempeñado por el exjefe de gabinete del exministro de Vivienda Felipe Ward.
Y como ya lo había confirmado la Contraloría, Gonzalo Vega Moreira fue quien propuso a ProCultura firmar contratos con la distribuidora en esa región. De hecho, según información del Registro de Colaboradores del Estado, su intervención fue la que llevó a la ONG a comenzar a colaborar con el Ministerio de Vivienda.
Hasta antes de eso, según el mismo informe, la entidad que preside Alberto Larraín solo registraba transferencias de organizaciones vinculadas a las culturas, de los gobiernos regionales y de los municipios.
Por esta razón, y considerando las objeciones expresadas por la entidad controladora, los investigadores Solicitaron más información sobre cómo se sellaron los contratos. con esa entidad.
Además, las investigaciones están relacionadas con el papel desempeñado Tomás Ochoa Capelli, exdirector regional del Serviu de Valparaíso y quien, tras dejar el cargo, creó la empresa Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Comunicación Limitada, que luego giró una factura por más de $17 millones precisamente a la Fundación ProCultura.
Al respecto, la Contraloría reprochó: “En el desempeño del cargo de director del Serviu de la región de Valparaíso, el actual socio principal de la entidad de Consultoría Profesional en Gestión y Construcción Inmobiliaria Limitada, señor Ochoa Capelli, solicitado a través del Ord. N° 817, de 21 de febrero de 2022, recursos para la ejecución de los distintos convenios a desarrollarse en la región de Valparaíso entre los cuales estuvo el realizado con la Fundación ProCultura aprobado mediante la citada resolución N° 2.977, del 14 de diciembre de 2022.
Y concluyeron: “Por el cargo que desempeña el señor Ochoa Capelli, su participación en la empresa Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Comunicación Limitada, y los servicios que presta, Puede ser un elemento que constituya un conflicto de intereses y/o violación del principio de probidad. Respecto de los funcionarios públicos que prestan servicios en cuyo servicio fue su Director.”
Este medio se comunicó con Felipe Ward para preguntarle sobre el rol de su excolaborador, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no respondió.
Según detalló la Fiscalía, la incautación de documentos también está relacionada con convenios firmados con Fundación Arquiduc, ya que en ese caso el Ministerio de Vivienda había denunciado hechos que constituirían delitos el 31 de agosto de 2023.
Según la acción – a la que usted accedió Tercero-en medio de la revisión de los acuerdos detectaron que Carlos Arévalo Acuña representante legal de la fundación y director ejecutivo de la misma, “al momento de acreditar los gastos incurridos, adjuntó factura No. 222 de fecha 1 de febrero de la Compañía Abbott y Acuña y CIA Limitada, cuyo correo electrónico de contacto corresponde a la misma”.
Se agrega además que “posteriormente, en los meses de mayo y junio de 2021, se emitieron las facturas de la Sociedad Deportes San Agustín Rut 76.960.866-3, Nos. 26,27,28, 29, 30 y 31. 4 de ellos indicaron el correo electrónico del representante legal de Arquiduc, señor Carlos Acuña Arévalo, por un total de $5.400.491.”
Quiero decir, La fundación reportó los gastos con documentos que fueron emitidos por entidades donde tuvo participación su representante legal.
Esta misma situación, se agregó en la denuncia, también se investiga en Rancagua, por lo que el Minvu agregó, según la denuncia, que “también se habría dado la práctica de contratar empresas en las que tendrían participación los directivos de las fundaciones”. . En dicha región, con el agravante de que en las negociaciones participó un funcionario de la Seremi Regional de Rancagua”.
Ante el proceso, el fiscal Claudio Rebeco Indicó que se están planteando una serie de antecedentes sobre cuándo y cómo se establecieron los convenios con ambas fundaciones.
“Efectivamente estamos en una etapa de investigación preliminar. Lo primero en estas investigaciones es poder tener toda la información documental que permita entender por qué finalmente se destinan fondos a estas fundaciones”, dijo el fiscal.
Y agregó que para ello “es muy importante conocer los decretos para la asignación de estos fondos, Saber a qué partida presupuestaria se destinaron estos fondos, y en aquellos casos en los que ha habido informes de rendición de cuentas, también es muy importante revisar los documentos que sustentan esa rendición de cuentas.”.
Fuente: news.eseuro.com
