El Primer Tribunal Ambiental, asentado en Antofagasta y con jurisdicción para causas desde la Región de Arica hasta la de Coquimbo, anuló la decisión del Gobierno que, a inicios de 2023, dio un portazo al muy bullado megaproyecto minero y portuario Dominga.
El 18 de enero de aquel año, el Comité de Ministros -liderado por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado también por sus pares de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería- resolvió de manera unánime calificar desfavorablemente la iniciativa que hace más de una década pretende desarrollar la empresa Andes Iron en la comuna de La Higuera (Provincia de Elqui, Región de Coquimbo).
Ahora, en otra decisión unánime, la justicia ambiental dejó sin efecto el pronunciamiento del Ejecutivo, al declararlo «ilegal» por haber incumplido una «sentencia dictada en causa Rol R N° 1-2017, la cual ya se encontraba firme y ejecutoriada»; acción que infringe principios fundamentales como la cosa juzgada, la imparcialidad y la confianza legítima.
El tribunal apunta además que algunos ministros que habían emitido opiniones previas no se inhabilitaron en la revisión del caso, comprometiendo la legitimidad del proceso; y hubo además «pronunciamientos contradictorios y carentes de coherencia», entre otras infracciones que afectaron derechos de la compañía.
«La resolución impugnada perjudica al reclamante al dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 161/2021, que calificaba favorablemente el proyecto Dominga. Esto ha llevado a que se declare el proyecto ambientalmente desfavorable e inviable, sin cumplir con las exigencias legales», señala el fallo.
Finalmente, el Tribunal Ambiental subrayó el peso obligatorio de su resolución respecto del resto de los órganos públicos: «El control judicial no solo invalida o sustituye decisiones administrativas, sino que también impone el respeto a valores jurídicos sustantivos».
Fuente: Cooperativa.cl
