El negocio inmobiliario de Longueira que frena su intento de recuperar la presidencia de la UDI

Son 400 hectáreas de bosque nativo, matorrales y senderos para caminatas o ciclismo en la precordillera. Específicamente, se trata de un plan de conservación con estándar internacional que considera la plantación de 14 mil árboles originarios. Conecta con Los Trapenses, a 20 minutos del camino Juan Pablo II,  en la comuna de Lo Barnechea.

¿De qué se trata? El ambicioso proyecto Chaguay, de acuerdo a un extenso reportaje de El Mostrador, es un negocio de 142 parcelas con un valor de mercado de entre 200 y 600 millones de pesos y que involucra a Pablo Longueira, el gremialista retirado de la política que reapareció hace algunos meses a través de una reveladora entrevista en Capital, medio en el que no sólo celebró la gestión de la pandemia de Jaime Mañalich, sino que además habló de su ostracismo mediático y de su reinvención en el sur del país, donde se radicó junto a su señora tras un corto viaje a Estados Unidos.

Lo que vino después fue la reaparición en la primera línea de la política, particularmente en el contexto previo al plebiscito, anunciando sus intenciones de recuperar la presidencia de la UDI, actualmente en manos de Jacqueline van Rysselberghe.

Proyecto resistido entre los vecinos de Lo Barnechea

Cuando corría julio del año en curso el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, se reunió con cuatro representantes de Desarrollo Inmobiliario SpA, la sociedad formada para materializar este proyecto inmobiliario, liderados por Gonzalo Cubillos Prieto, abogado del estudio Cubillos Evans.

En esta convocatoria, los representantes de la empresa intentaron convencer al jefe comunal de que el proyecto cumplía íntegramente con las exigencias y que, de hecho, era un modelo de conservación ambiental. En octubre de 2019, la administración comunal precedente, a cargo del actual intendente Felipe Guevara, presentó una petición a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para que definiera si el proyecto Chaguay requería de una Resolución de Calificación Ambiental.

Paralelamente, la SMA pidió a Contraloría que dictaminara al respecto. Este pronunciamiento ya se encontraba en curso al momento de materializar la reunión mencionada. A esta solicitud enviada al órgano contralor se sumó el ambientalista Gonzalo Prieto Infante y Lira, que había asumido como alcalde en noviembre del año pasado, en representación de la comuna de Lo Barnechea.

En definitiva, todos buscaban una respuesta sobre la pertinencia de construir en esta zona, declarada área de protección ecológica. De acuerdo a la publicación original de este artículo, no ha existido otra gestión rastreable u oficial de lobby a causa de este proyecto, que es masivamente resistido por vecinos de la comuna.

La figura de Longueira en el proyecto

El nombre del UDI Pablo Longueira, quien actualmente está a la espera del juicio oral en su contra, luego de ser acusado de cohecho en el marco del caso SQM e interesado en tomar parte en el tema, se contactó con Hernán Besomi, uno de los propietarios de la constructora EBCO y compañero suyo en el Colegio San Ignacio y en la Universidad de Chile.

En este contexto, Longueira actualmente participa en la Inmobiliaria IMAS EBCO SpA mediante Asesorías e Inversiones LB Limitada, con un porcentaje inferior al 10%. En su representación, ha tenido audiencias registradas bajo la Ley de Lobby, como la inscrita en mayo de 2017 para un proyecto en Huechuraba. Esta inmobiliaria es la misma que está a cargo del mencionado proyecto en Lo Barnechea.

Hasta la fecha, la inmobiliaria sólo suma puntos en contra. Y es que el 30 de septiembre último, la Contraloría General de la República dictaminó que los proyectos de construcción en áreas de preservación ecológica están sujetos a una evaluación ambiental, a menos que estén debidamente aprobados o se estén materializando “al amparo de autorizaciones que resulten jurídicamente procedentes”.

Contrario a los intereses de los involucrados, en el caso que Desarrollos La Dehesa SpA, la firma gestora del proyecto Chaguay,  “no posee los permisos del la Seremi, MINVU ni del SAG, que exige la ley. Estos permisos son necesarios para realizar construcciones en parcelas de agrado en áreas rurales. Así lo ha confirmado la Corte Suprema, a propósito del proyecto Bahía de Panguipulli, que tiene similares características a las de Chaguay. En esta sentencia, el máximo tribunal del país confirma que las parcelas de agrado poseen fines habitacionales y no agrícolas”, aseguró Natalia Alfieri, abogada del equipo que apoya a Cristóbal Lira en esta materia.

La profesional aludió a la sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema, correspondiente al 5 de octubre último, vinculada a otro proyecto en el que también participaron Gonzalo Cubillos como abogado y Longueira como lobbista.

Se trata de Bahía Panguipulli, que considera 82 lotes de 5 mil metros cada uno. Sin embargo, la Corte Suprema ya estableció que sin Resolución de Calificación Ambiental, en un área rural no se puede levantar un proyecto de características habitacionales.

Proyecto en área de preservación ecológica

Otro proyecto del ex timonel de la UDI junto a Hernán Besomi es la comercialización de 2.700 hectáreas en el valle de Casablanca, en Región de Valparaíso. Maucolén incluye además un plan de conservación de la naturaleza en la zona. Uno de los involucrados en su génesis es el viñatero Agustín Huneeus, condenado en Estados Unidos por integrar una red de sobornos para que una de sus hijas entrara a la universidad.

“Sabemos que los abogados de los gestores del proyecto Chaguay y del proyecto Bahía de Panguipulli son los mismos. También sabemos que se trata de proyectos similares. Se trata de parcelas de agrado con fines habitacionales en áreas rurales. Lo que hace más preocupante la situación de Chaguay es que, además, está en un área de preservación ecológica donde se prohíbe el destino habitacional. Esa es la preocupación de la actual administración encabezada por Cristóbal Lira, que está velando por mantener el valor ambiental del territorio y el destino establecido por el instrumento de planificación territorial”, dijo la abogada Alfieri a El Mostrador.

Tras la arremetida legal, existe también una arista política. Para Lira (UDI), este tema es uno de sus emblemas frente a su eventual reelección, en abril del año próximo. Internamente, el alcalde enfrenta una seria presión, considerando que gran parte del equipo municipal es el mismo de Felipe Guevara (RN), cuando fue alcalde de Lo Barnechea, durante 11 años consecutivos.

De acuerdo al medio citado, en la municipalidad aseguraron que nunca, en esta ni en la gestión anterior, se han entregado permisos para el proyecto Chaguay. No obstante lo anterior, lo cierto es que en tiempos de Guevara, la iniciativa enfrentaba menos dificultades que ahora.

De hecho el año 2019, una resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente dejó sin efecto la paralización de las obras, lo que motivó la presentación ante la Contraloría. A mediados de 2015, en plena administración del actual intendente de la Región Metropolitana, los gestores de Chaguay empezaban a reunirse con autoridades.

El 6 de octubre de ese año, representantes de Desarrollos La Dehesa SpA, Gonzalo Cubillos y el arquitecto Juan Sabbagh, se juntaron con Francisco Baranda Pons, entonces jefe del Departamento de Desarrollo Urbano de la Seremi de Vivienda. La idea de la cita fue exponer el diseño de los caminos vinculados al proyecto. Como parte de la empresa iba Sergio García, consultor en medio ambiente y socio de la división de Asuntos Públicos de Imaginacción, la consultora de lobby de propiedad del ex ministro Enrique Correa. García, de acuerdo a la información pública del proyecto, se mantiene como consultor ambiental de la obra.

La variable Lira y la arista ecológica

Con todas las variables involucradas, lo cierto es que en esta oportunidad el lobby no alcanzó a traducirse en los permisos necesarios. Tanto así que después de la reunión con el funcionario del Minvu, la compañía Desarrollos La Dehesa SpA, presentó un Estudio de Impacto Ambiental, pero acotado a la “habilitación de caminos”. Lamentablemente y contra todo propósito y pronóstico, este fue devuelto anticipadamente por la autoridad ambiental por falta de información relevante, poniéndosele término al proceso.

“Antes del término, varios órganos del Estado emitieron sus opiniones acerca del proyecto. Los órganos de la Administración del Estado sostuvieron que este proyecto habitacional no podía ser emplazado en un área de preservación ecológica, y que no se reconocían los impactos al suelo, agua, aire, flora y fauna de un sector de alto valor ambiental, entre otras materias. Estos pronunciamientos van en la misma línea de lo que ha denunciado Lira con el apoyo del Concejo Municipal y de los vecinos, quienes consideran esencial que este proyecto se someta a evaluación ambiental”, dijo la abogada Alfieri.

De acuerdo a lo que publica El Mostrador, la variable ambiental es una de las aristas en las que Cristóbal Lira se está sosteniendo para impulsar su reelección como alcalde e imponerse a Guevara, quien está jugado porque el sillón comunal quede en manos de la directora del Instituto Libertad y ex jefa de Dirección de Desarrollo Comunitario de la municipalidad, Consuelo Alvial.

Mientras tanto, Lira impulsó la Dirección de Sostenibilidad en el municipio. Esto con la intención de canalizar, a través de este departamento y mediante iniciativas legales, todos los temas relacionados con el medioambiente que preocupan a los vecinos, como los 200 que firmaron la presentación contra el cuestionado proyecto Chaguay.

 Constructora defiende la legalidad del proyecto inmobiliario

En este adverso contexto, la constructora asegura que el proyecto íntegro está legalmente sustentado en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que faculta que en predios agrícolas, como estos, la construcción de una vivienda para sus propietarios o viviendas sociales que dispongan de subsidio del Estado.

“No existe disposición legal que justifique seguir con las obras y las ventas de los loteos del proyecto Chaguay. Los desarrolladores del proyecto se escudan en una regulación que permite construir en cada parcela agrícola una casa para el dueño del terreno. Su argumento es que, en razón de esa regulación, pueden construir sin los informes favorables de la Seremi MINVU y del SAG”, explicó Alfieri.

Y agrega que la Corte Suprema «ha sido clara al señalar que los proyectos de parcelas de agrado poseen un destino habitacional y no agrícola, por lo que sí se requieren los informes favorables de la Seremi MINVU y del SAG, además de los permisos de construcción. En el caso del proyecto Chaguay, entendemos que no deberían dárselos, porque se emplaza en un área de preservación ecológica que prohíbe expresamente el destino habitacional”.

Pese a que Lira (UDI) ha aclarado a través de su equipo, que Pablo Longueira no ha intervenido abiertamente en beneficio de este negocio, lo que es indesmentible es que el ex senador es socio de la empresa que comercializa el proyecto inmobiliario al margen de la ley. Esta variable, le adiciona otro flanco de conflicto a quien en el primer trimestre del año próximo enfrentará el juicio oral en su contra por cohecho, específicamente en la arista relacionada con la intervención que el ex presidente de la UDI habría tenido para favorecer a SQM en el contexto de la Ley de Royalty Minero.

Con este incierto panorama como escenario no precisamente favorable, el ex parlamentario no sólo anunció su regreso a la política activa, sino que además de asumir públicamente su deseos de recuperar la presidencia de su partido, incluso transparentó sus ganas de integrar la Convención Constitucional.

Así las cosas, las elecciones del partido fundado por Jaime Guzmán se encuentran ad portas,  programadas para el 12 de diciembre próximo.

En la UDI no todos apoyan su regreso

A escasas semanas de este proceso, su figura no concita consensos al interior del gremialismo, donde no existe certeza respecto de su retorno a la primera línea del partido. En este sentido, públicas son las diferencias que ha tenido al momento de su regreso con el senador Iván Moreira y la alcaldesa de la UDI, Evelyn Matthei.

«Chile no necesita un mesías», planteó el parlamentario hace unos meses, aludiendo a Longueira como «una suerte de Superman que va a solucionar todos los problemas en la UDI y el país»

Por su parte, la jefa comunal fue más directa y sin escatimar aseguró semanas atrás, que le parece incompatible que alguien investigado en el marco del caso SQM se postulara a la presidencia de la UDI.

Longueira, un emblemático de la derecha chilena, no se quedó callado y categóricamente contestó a la alcaldesa. «No tengo tejados de vidrio, así que voy a ser candidato a la presidencia de la UDI, porque la persecución que ha hecho de mí la Fiscalía no me lo impide. Jamás he cometido el delito del que se me acusa, y por eso estoy esperando hace mucho tiempo el juicio oral», dijo.

Así las cosas, los «atributos» mesiánicos que algunos le asignan, opinan sus detractores en la tienda de calle Suecia, no son coherentes con los actuales tiempos. Por si fuera poco, hay quienes sienten que su causa judicial derivada de su vínculo con SQM y sus actividades de lobby podrían terminar, inevitablemente, perjudicando al partido que pretende liderar en momentos tan álgidos como históricos de la contingencia nacional.

Fuente: https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2020/11/18/longueira-y-el-negocio-que-amenaza-su-intento-por-retomar-el-control-de-la-udi.html

Compartir

Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en whatsapp
WhatsApp